El diputado Abraham Kunio González Uyeda presentó una iniciativa de Ley que tiene por objeto la constitución de un sistema complementario de seguridad social y de un régimen especial de estímulos y reconocimientos para los integrantes de las corporaciones policiales del Estado y de sus municipios, así como de sus familias y dependientes.
El legislador por Jalisco de Acción Nacional en el Congreso de Jalisco, dijo que esos servicios complementarios de la seguridad social de los policías, se hará mediante la reforma de los artículos 13, 14, 19 y 20 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, y la reforma de los artículos 26, 30, 31 y 32 de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, además de la adición, a ese ordenamiento, de un Capítulo Décimo dentro del Título Segundo, denominado “Del sistema complementario de seguridad social para los integrantes de las corporaciones policiales”, que incluye los artículos 136 A y 136 B.
En su presentación en el pleno, en la sesión ordinaria del 26 de agosto pasado, el diputado González Uyeda dijo que “la iniciativa que a través de este documento se pone ahora en manos del Congreso jalisciense surge del convencimiento de que esta entidad federativa debe dar pasos decisivos en la dirección trazada por el Presidente de la República…
“Jalisco no está al margen del desafío que las organizaciones criminales han lanzado a la sociedad mexicana. Esta propuesta nace de la necesidad de desplegar todas las capacidades institucionales y legales de la entidad, y de comprometer cuantos recursos que sean necesarios, para defender el Estado de Derecho y, con su imperio, rescatar la confianza en la autoridad.
“La violencia y la amenaza del crimen infunden temor y hacen especialmente vulnerables a quienes tienen la responsabilidad de hacerles frente: las fuerzas del orden. Los elementos de las corporaciones policiales, en múltiples ocasiones, a lo largo y ancho de la geografía nacional, han sido el blanco de los ataques lanzados por la delincuencia organizada.
“Al mismo tiempo, los grupos delincuenciales exhiben su poder de seducción en todas las esferas de la sociedad y, de manera especial, sobre los miembros de las policías y de los órganos de procuración y administración de justicia. Sin miramientos ni escrúpulos, propagan su poderío económico y ostentan su potencial logístico y su penetración geográfica como herramientas para inhibir la conducta honesta de aquellos policías que asumen su profesión con genuino patriotismo y espíritu de servicio, y otorgan infames estipendios para privilegiar a aquellos otros que, por ambición o temor, deciden traicionar los principios y valores cuya lealtad juraron, y trastocan el poder del que han sido investidos para ponerlo al servicio de quienes violentan la ley como forma de vida.
Estas realidades hacen necesario un esfuerzo extraordinario del Estado para generar las condiciones que permitan a quienes optan por la carrera policial, hacer de ésta un verdadero proyecto de vida, a pesar de los riesgos que implique, y de las incitaciones de la corrupción que sobre ellos despliegue la delincuencia organizada.
“En aras de este propósito -destaca González Uyeda en su exposición de motivos–, el Constituyente Permanente de este país ha considerado que una herramienta eficaz, a cargo de los poderes de la Unión y de las autoridades estatales y municipales, es la conformación de un régimen complementario de seguridad social, que establezca privilegios exclusivos de quienes tendrán que enfrentar a la delincuencia como parte de su labor cotidiana, aún a costa de exponer su vida, su integridad personal, su patrimonio e incluso la seguridad y bienestar de su familia.
“Es justo que la sociedad retribuya a quienes velan por su seguridad y buen resguardo, en la proporción en la que esa sociedad valora su tranquilidad y derecho a la paz. Es necesario que los miembros de las fuerzas del orden reciban la capacitación y los instrumentos adecuados para enfrentar a la delincuencia, minimizando los riesgos, pero es también un deber de gratitud y un imperativo de equidad que los policías caídos en cumplimiento de su deber reciban un reconocimiento acorde a su heroísmo, y que sus familias gocen de la protección del Estado para que la pérdida, indubitablemente irreparable, no ponga en riesgo sus posibilidades y medios para salir adelante, con apoyos y subsidios eficaces, de carácter vitalicio si fuera necesario.
“Estas ideas son congruentes y complementarias con aquellas otras propuestas que instituyen un estricto sistema de control de confianza para garantizar que en las corporaciones solamente permanezcan aquellos elementos que se mantengan leales con los valores institucionales que representan, y que hagan de la probidad el estilo de su servicio público.
“Se conjuga asimismo con las iniciativas tendientes a la institucionalización y consolidación de la carrera policial en el Estado de Jalisco, que lleva implícita la oferta de beneficios y servicios para que toda aquella persona que decida alistarse como miembro de una corporación, reciba el adiestramiento, la capacitación, la formación profesional, la especialización y las habilidades que requiera para cumplir óptimamente con las tareas que le sean asignadas, además de los equipos y medios técnicos y logísticos que requiera para maximizar la eficacia de sus servicios”.
“Es justo que la sociedad retribuya a quienes velan por su seguridad y buen resguardo, en la proporción en la que esa sociedad valora su tranquilidad y derecho a la paz. Es necesario que los miembros de las fuerzas del orden reciban la capacitación y los instrumentos adecuados para enfrentar a la delincuencia, minimizando los riesgos, pero es también un deber de gratitud y un imperativo de equidad que los policías caídos en cumplimiento de su deber reciban un reconocimiento acorde a su heroísmo, y que sus familias gocen de la protección del Estado para que la pérdida, indubitablemente irreparable, no ponga en riesgo sus posibilidades y medios para salir adelante, con apoyos y subsidios eficaces, de carácter vitalicio si fuera necesario”.
